Aspectos relevantes sobre la retribución de los administradores de sociedades mercantiles

29 junio, 2018 - 12 minutes read

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Descubre las cuestiones más espinosas sobre la remuneración a los administradores sociales

I. Introducción.

La remuneración de los administradores sociales es cuestión espinosa en el seno de la vida societaria. En principio, plantea una contraposición de intereses entre el administrador (que aspirará a obtener la mayor retribución posible), la sociedad (que pretenderá reducir sus gastos) y los socios o accionistas (que querrán maximizar el valor de lo invertido y los beneficios a obtener).

II. Regulación de la retribución de los administradores en la Ley de Sociedades de Capital.

La Ley de Sociedades de Capital (en adelante, LSC), dedica actualmente a la regulación de la retribución de los administradores sociales los artículos 217 (Remuneración de los administradores), 218 (Remuneración mediante participación en beneficios) y 219 (Remuneración vinculada a las acciones de la sociedad), sin perjuicio de las referencias contenidas en el artículo 249.4 a la retribución de aquel o aquellos miembros del Consejo de Administración que tengan atribuida por medio de contrato, la realización de funciones ejecutivas.
Estos preceptos quedaron afectados por la reforma operada por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, Ley que ya en su Preámbulo decía que una novedad especialmente relevante es la regulación de las remuneraciones de los administradores, haciéndose eco de la preocupación de distintos organismos internacionales por que la retribución de aquéllos reflejasen de manera adecuada la evolución real de la empresa y estuviese alineada con el interés de la sociedad y sus socios o accionistas. Para lograr dicho objetivo, la Ley fija la necesidad de que los estatutos sociales contemplen el sistema de remuneración de los administradores por sus funciones de gestión y decisión, con especial referencia al régimen retributivo de los consejeros que desempeñen funciones ejecutivas, siendo estas disposiciones aplicables a todas las sociedades de capital.
El artículo 217 LSC recoge las líneas básicas que deben presidir la regulación de la retribución de los administradores, siendo algunas de sus normas aplicables a todo tipo de sociedad de capital, sea cotizada o no.
El apartado 1 contempla el que puede considerarse principio básico de la regulación de la retribución de los administradores sociales en nuestro ordenamiento jurídico, tratándose de sociedades no cotizadas, que es el de la exigencia de que la misma quede reflejada en los estatutos de la sociedad (principio de determinación estatutaria de la remuneración).
Este precepto quedó afectado, como se ha indicado anteriormente, por la Ley 31/2014, de 3 de diciembre, de reforma de la Ley de Sociedades de Capital para la mejora del gobierno corporativo, siendo la redacción actual la que sigue: “1. El cargo de administrador es gratuito, a menos que los estatutos sociales establezcan lo contrario determinando el sistema de remuneración.”
Se comprueba, pues, que es una constante en la normativa reguladora de la remuneración de los administradores sociales la exigencia de su reflejo estatutario. Caso de ausencia de determinación estatutaria, el cargo se entenderá gratuito.
Se persigue, en definitiva, que sean los socios los que, mediante acuerdo adoptado en la junta con una mayoría cualificada, fijen el régimen retributivo de los administradores sociales.
Respecto de cuál puede ser el sistema de retribución, el artículo 217.2 LSC indica, a modo de numerus apertus, que “2. El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes: a) una asignación fija, b) dietas de asistencia, c) participación en beneficios, d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia, e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución, f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.”
El apartado tercero del art. 217 atribuye a la junta general la competencia para fijar el importe máximo de la retribución anual para todos los administradores.
Dicho esto, el apartado 4 del artículo 217 exige que la retribución de los administradores guarde una proporción razonable con la importancia de la sociedad y con la situación económica que tuviera en cada momento.

III.- Aspectos fiscales

Impuesto sobre Sociedades
Uno de los principales problemas en esta materia en años recientes era la presunción de gratuidad del cargo de administrador, ya que atendiendo a dicha calificación se entendían desde el punto de vista fiscal de la Administración Tributaria que cualquier cantidad que percibieran éstos tenía la consideración de liberalidad o donación y en ese caso no resultaba deducible en la declaración del Impuesto sobre Sociedades (en adelante, LIS). Aunque la doctrina y la jurisprudencia entendieron desde muy temprano que no resultaba razonable dicho proceder, no ha sido hasta la reforma de Ley 27/2014 del Impuesto sobre Sociedades, cuando se ha plasmado así, al establecer en el artículo 15.e LIS que no se entenderán como donativos y liberalidades “las retribuciones a los administradores por el desempeño de funciones de alta dirección, u otras funciones derivadas de un contrato de carácter laboral con la entidad.”
Tras la reforma de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, se establece el siguiente modelo en materia de deducibilidad de las retribuciones de los administradores societarios:
La retribución que pueda percibir un administrador en relación al cargo que ostenta, si no está prevista en los estatutos, no será fiscalmente deducible, al contradecir lo dispuesto en el art. 217 LSC.

Si las retribuciones están previstas en los estatutos serán deducibles siempre que se adecuen al ordenamiento jurídico, concretamente a la LSC y a lo dispuesto en la LIS.

Un administrador societario también puede percibir de la sociedad una retribución por el ejercicio de funciones distintas al cargo de administrador, siendo estas totalmente deducibles.

La LSC exige que en atención a las funciones de dirección y representación propias del cargo de administrador, se deberán detallar los conceptos retributivos por el desempeño de las funciones ejecutivas, siendo conformes a la política de retribuciones aprobadas por la Junta General.

Impuesto sobre Renta de las Personas Físicas
En materia de IRPF también se han producido reformas recientes que merecen de nuestra atención. Así pues, tras la aprobación de la Ley 26/2014, de 27 de noviembre, por la que se modifica la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se produce una reducción de las retenciones por ingresos a cuenta de las cantidades percibidas en concepto de retribución por las funciones propias del cargo de administrador, pasando el tipo del 42% al 35% para las grandes sociedades y al 19% en aquellas sociedades que no alcancen los 100.000 euros en la cifra de negocio en el ejercicio.
Pero la cuestión más controvertida en materia de IRPF, es la calificación de dichas retribuciones. Para resolver esta cuestión es importante atender a lo dispuesto en el art. 17.2.e de la Ley de IRPF, en la que se estipula que las retribuciones estatutarias por el cargo de administrador son siempre rendimiento del trabajo. Pero, si el Administrador realiza además otras actividades diferentes percibiendo una retribución por ello, en atención al art. 27 de la Ley del IRPF, en caso de que el administrador sea también socio de la sociedad y la actividad de dicha sociedad sea “profesional”, estos rendimientos se calificarán como “rendimientos de actividades económicas”, siempre que la persona física esté dada de alta en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social, debiendo tenerse en consideración que dentro del concepto de “actividades profesionales” se incluyen todas aquellas consideradas como tales en las Tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.
Impuesto sobre el Valor Añadido
En primer lugar, se debe recordar que están sujetas a IVA las actividades realizadas por cuenta propia, mientras que el trabajo realizado por cuenta ajena no está sujeto a tributación por el Impuesto sobre el Valor Añadido.
Se debe tener presente la definición dispuesta en el art. 5 de la Ley 37/1992 del Impuesto sobre el Valor Añadido, (en adelante LIVA), en el que se señala que tendrán la consideración de profesional “las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.” Además, el art. 11 de la LIVA establece que se considera prestación de servicios “el ejercicio independiente de una profesión, arte u oficio.”
Por tanto, quedan sujetos a IVA los servicios prestados por una persona física por su propia cuenta y no por cuenta ajena, tal y como dispone el artículo 7.5º de la LIVA.