Empresas que deben designar o asignar la presencia de recursos preventivos

Empresas que deben designar o asignar la presencia de recursos preventivos

Criterio tecnico n° 83/2010 sobre la presencia de recursos preventivos en las empresas, centros y lugares de trabajo.

A) Sectores distintos al de Construcción.

En muchas ocasiones en un centro de trabajo desarrolla su actividad una sola empresa y entonces será ésta la encargada de designar el recurso preventivo, pero a menudo suele ocurrir también que sean varias las empresas que concurren en el mismo. Pues bien, cualquiera que sea la relación que exista entre estas empresas concurrentes (simple coincidencia en un espacio físico o haya relación jurídica entre ellas), el Apartado 9 del Art. 22 bis del Real Decreto 39/1997, ofrece la siguiente solución: Cuando existan empresas concurrentes en el centro de trabajo que realicen las operaciones concurrentes a las que se refiere el apartado 1.a) de este artículo, o actividades o procesos peligrosos o con riesgos especiales, a los que se refiere el apartado 1.b), la obligación de designar recursos preventivos para su presencia en el centro de trabajo recaerá sobre la empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades, en cuyo caso y cuando sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre si y con el resto de los recursos preventivos y persona o personas encargadas de la coordinación de las actividades preventivas del empresario titular o principal del centro de trabajo.

 

Este artículo debe entenderse en el sentido de que será la empresa o empresas cuya actividad aporta o genera el riesgo que motiva la presencia de un recurso preventivo la obligada a cumplir con dicha obligación, es decir, aquella empresa cuya actividad modifica o agrava el riesgo de las demás (p. ej. uso de una grúa para el izado de objetos con trabajadores en proximidad de otra empresa que realiza una actividad que no requiere de recurso preventivo), pues cuando el Apartado 9 del Art. 22 bis del Reglamento señala que la obligación recae sobre la “… empresa o empresas que realicen dichas operaciones o actividades.., por éstas hay que entender las que hagan necesario el control de métodos de trabajo (Art. 22 bis 1 a), lo que parece que se está refiriendo a las empresas que realizan dichas operaciones “generadores de riesgos” o que entrañan cierto peligro para las demás.

Lo anterior quiere decir que, a diferencia de lo que ocurre en las obras de construcción como se dirá más adelante, si s610 la subcontratista -y no la contratista­ realiza un trabajo peligroso de los previstos en el Art. 22 bis 1 b) RD 39/97 (por ejemplo, con riesgo especial de altura) que motive la presencia de un recurso preventivo, debiendo estar así previsto en la evaluación de riesgos, será esta empresa subcontratista y no la contratista quien esté obligada a designar dicho recurso. Ello sin perjuicio de lo dispuesto en el Art. 24.3 LPRL Y del resto de obligaciones que le correspondan a la contratista.

No obstante   lo anterior,   cuando   una empresa   realice   una “operación concurrente de forma sucesiva” que pueda modificar o agravar los riesgos presentes en un centro de modo que afecte a la actividad de otra empresa (piénsese p. ej. el uso de productos químicos -plaguicidas- por una empresa que afectará a los trabajadores de otra que entrarán después… ), en este caso, la obligación de designar el recurso recae sobre la segunda empresa que realiza los trabajos al ser ésta la que tendrá que controlar sus métodos de trabajos que se verán modificados por la actividad realizada por la primera, lo que exigirá lógicamente el intercambio de información entre ambas y demás medios de coordinación que sea necesarios; ello siempre y cuando no se den otras circunstancias que motiven dicha presencia respecto de la primera empresa.

Cuando estemos ante varias empresas que realicen “actividades concurrentes de forma simultánea” cuyos riesgos puedan modificarse o agravarse mutuamente por la realización de las actividades que cada una realiza y cuyos métodos de trabajo requiere que se controlen de forma simultánea (por ej. uso de productos químicos o sustancias por una empresa que realiza trabajos en una empresa química), la obligación de presencia del recurso preventivo recae sobre todas y cada una de las empresas que realicen las operaciones o actividades, en cuyo caso la norma prevé que cuando sean varios dichos recursos preventivos deberán colaborar entre sí y con el resto de los recursos preventivos.

Estos supuestos de concurrencia de empresas en un mismo centro de trabajo a los que hemos hecho referencia anteriormente son realmente supuestos de coordinación de actividades, cuya regulación viene determinada principalmente por el RO 171/2004, de 30 de enero, sobre coordinación de actividades empresariales en el centro de trabajo (que desarrolla el Art. 24 de la LPRL). Por ello, hay que poner en relación lo dispuesto en ambas regulaciones -la de los recursos preventivos y la de coordinación-, comprobándose que no existe contradicción en las mismas, pues el Art.

11 del RO 171/2004 incluye en su relación no exhaustiva de medios de coordinación la presencia en el centro de trabajo de los recursos preventivos de las empresas concurrentes“, sin perjuicio de las funciones que deba desarrollar -si lo hubiere- el coordinador de actividades preventivas.

B) Sector de la Construcción.

  1.  La obligación establecida en el Apartado 9 del arto 22 bis del RO 39/97 de designar recursos preventivos por parte de aquellas empresas que realicen las operaciones o actividades no resulta de aplicación en las obras de construcción, pues – como ya hemos dicho- las peculiaridades en este ámbito se contemplan en la Disposición Adicional Decimocuarta de la LPRL, en virtud del cual: “a) La preceptiva presencia de recursos preventivos se aplicará a cada contratista“.
  2. A efectos de la consideración   de contratista debe tenerse en cuenta la definición del mismo que se establece en el artículo 2.1.h) del Real Decreto 1627/1997 (coincidente con la definición prevista en el Art. 3 e) de la Ley 32/2006), es decir, aquella persona física o jurídica que asume contractualmente ante el promotor, con

medios humanos y materiales, propios o ajenos, el compromiso de ejecutar la totalidad

o parte de las obras con sujeción al proyecto y al contrato.

De acuerdo con lo anterior, para que una empresa quede obligada a designar un recurso preventivo es necesario que actúe como contratista principal, es decir, como aquella persona que contrata directamente con el promotor, aunque también tienen la consideración de contratista, quedando afectados por la obligación anterior, entre otros, los siguientes sujetos:

a) Promotor que realice directamente con medios humanos y materiales propios la totalidad o determinadas partes de la obra (Art. 3 e) 2 Ley 32/2006); es decir, aquellos casos de coincidencia en una misma empresa de la condición de promotor y contratista. En este caso, la empresa que contrate con el promotor-contratista adquiriría la condición de subcontratista y no de contratista.

b) Trabajador autónomo que emplee en la obra a trabajadores por cuenta ajena

y que contrate directamente con el promotor.

c) UTE que contrate directamente con el promotor y que ejecute directamente la obra, pues si no ejecuta la obra cada una de las empresas miembro deberán designar un recurso preventivo. Por ejecutar la obra hay que entender la realización de trabajos en dicha obra con personal propio.

  1. Por tanto, en el ámbito de las obras de construcción, el legislador ha querido de forma expresa que dicha obligación se refiera únicamente a las empresas contratistas y no a la subcontratistas; idea que engarza con lo previsto en la letra c) de la DA 14a de la LPRL cuando señala que la función de los recursos preventivos es la de vigilar el cumplimiento de las medidas incluidas en el plan de seguridad y salud en el trabajo y comprobar la eficacia de éstas; de modo que el control de estas actividades y medidas correctoras no se pueden dejar en manos de las empresas subcontratistas, ya que, correspondiendo a la empresa contratista la elaboración del plan de seguridad de la obra conforme el Art. 7 del RD 1627/97, no se puede atribuir a los subcontratistas la función de valorar su eficacia para, en su caso, introducir en el mismo medidas correctoras. Ello sin perjuicio de que -como se dirá más adelante cuando se hable de las funciones (Apdo. 4°)_ el recurso preventivo no tendrá que vigilar la totalidad de las medidas preventivas previstas en el plan, sino solo aquellas que el propio plan determine.

 

  1. No obstante lo anterior, en base al contrato mercantil suscrito entre ellas, un contratista puede exigir también a los subcontratistas que cuenten con sus propios recursos preventivos, pero tal circunstancia requiere hacer algunas observaciones:

 

-En primer lugar, que tal exigencia no tiene apoyo legal o reglamentario, sino exclusivamente forma parte de las obligaciones que una de las partes asume en el contrato privado y que la otra introduce como cláusula condicionante de la suscripción del mismo.

 

-En segundo lugar, que la designación de sus recursos preventivos por los subcontratistas   no exonera al contratista de contar con su recurso preventivo propio, que es para el que se establece la obligación legal y cuya presencia será la que deberá comprobar   o exigir, en su caso, el Inspector de trabajo en su actuación inspectora, con independencia del contrato privado que pueda existir entre ambas.

 

  1. En cualquier caso, por aplicación de lo establecido en el art.11 c) del RO 1627/97, la presencia del recurso preventivo en una obra de construcción tampoco exonera a los contratistas ni a los subcontratistas del cumplimiento de las obligaciones de coordinación   previstas el Art. 24   de la LPRL y en el RO 171/2004, con las peculiaridades para las obras de construcción contenidas en la Disposición Adicional 1a de este RO.