LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

25 abril, 2016 - 13 minutes read

Cumplimos o explicamos por qué no cumplimos

Se acabó: “el fin justifica los medios”.  El 1 de julio del 2015 entró en vigor la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo que reforma el código penal y desarrolla la  responsabilidad penal de las personas jurídicas.

Cumplir con nuestra responsabilidad no es una elección, es un deber. En nuestros días la toma de decisiones se ha convertido en una carrera de velocidad y ésta provoca ineficiencia y errores,  lo que puede conllevar responsabilidades. Esto es lo que le puede pasar a cualquier empresa: que pueda verse implicada en la comisión de un delito de los tipificados en el artículo  31  bis  del código Penal.  Desde el 1 de julio las empresas podrán ser responsables penales de la comisión de delitos que hayan podido realizar sus subordinados.

  1. Las personas jurídicas podrán ser responsables penalmente de los delitos cometidos en nombre o por cuenta de las mismas, y en su beneficio directo o indirecto, por sus representantes legales o por aquellos que actuando individualmente o como integrantes de un órgano de la persona jurídica, están autorizados para tomar decisiones en nombre de la persona jurídica u ostentan facultades de organización y control dentro de la misma.

Si el delito fuere cometido por estas personas,  la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si se cumplen las siguientes condiciones:

  1. Que el órgano de administración haya adoptado y ejecutado con eficacia, antes de la comisión del delito, modelos de organización y gestión (Corporate Compliance),  que incluyen las medidas de vigilancia y control idóneas para prevenir delitos de la misma naturaleza o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión;
  2. La supervisión del funcionamiento y del cumplimiento del modelo de prevención (Corporate Compliance) implantado,  haya sido confiada a un órgano de la persona jurídica con poderes autónomos de iniciativa y de control o que tenga encomendada legalmente la función de supervisar la eficacia de los controles internos de la persona jurídica;
  3. Los autores individuales han cometido el delito eludiendo fraudulentamente los modelos de organización y de prevención y
  4. Que no se haya producido una omisión o un ejercicio insuficiente de sus funciones de supervisión, vigilancia y control por parte del órgano al que se refiere la condición 2.ª

En los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta circunstancia será valorada a los efectos de atenuación de la pena.

  1. Igualmente las personas jurídicas serán responsables penalmente de los delitos cometidos, en el ejercicio de actividades sociales y por cuenta y en beneficio directo o indirecto de las mismas, por quienes, estando sometidos a la autoridad de las personas físicas mencionadas en el párrafo a), hayan podido realizar los hechos por haberse incumplido gravemente por aquéllos los deberes de supervisión, vigilancia y control de su actividad atendidas las concretas circunstancias del caso.

En estos casos la persona jurídica quedará exenta de responsabilidad si, antes de la comisión del delito, ha adoptado y ejecutado eficazmente un modelo de organización y gestión que resulte adecuado para prevenir delitos de la naturaleza del que fue cometido o para reducir de forma significativa el riesgo de su comisión.

Igualmente,  en los casos en los que las anteriores circunstancias solamente puedan ser objeto de acreditación parcial, esta será  valorada  a los efectos de atenuación de la pena.

Los modelos de organización y gestión orientados a la prevención de la comisión de delitos, denominados Corporate Compliance y a los que nos hemos referido en el punto 1 del apartado a),  deberán cumplir los siguientes requisitos:

  1. Identificarán las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
  2. Establecerán los protocolos o procedimientos que concreten el proceso de formación de la voluntad de la persona jurídica, de adopción de decisiones y de ejecución de las mismas con relación a aquéllos.
  3. Dispondrán de modelos de gestión de los recursos financieros adecuados para impedir la comisión de los delitos que deben ser prevenidos.
  4. Impondrán la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al organismo encargado de vigilar el funcionamiento y observancia del modelo de prevención.
  5. Establecerán un sistema disciplinario que sancione adecuadamente el incumplimiento de las medidas que establezca el modelo.
  6. Realizarán una verificación periódica del modelo y de su eventual modificación cuando se pongan de manifiesto infracciones relevantes de sus disposiciones, o cuando se produzcan cambios en la organización, en la estructura de control o en la actividad desarrollada que los hagan necesarios.»

El que una entidad con personalidad jurídica quede exonerada o con atenuantes en su responsabilidad dependerá de que se pueda acreditar el cumplimiento de estas medidas de una forma plena o parcial.

Somos conocedores de que la estructura económica de España está compuesta en un altísimo porcentaje por personas jurídicas de pequeñas dimensiones (PYMES, Asociaciones…). No cabe duda que esta nueva circunstancia les va a suponer  un importante esfuerzo,  tanto económico como de asignación de recursos. Ante este nuevo deber para una PYME, podemos preguntarnos si el legislador ha pensado en ellas.

Efectivamente, se establece que para las personas jurídicas de pequeñas dimensiones, las funciones de supervisión y del cumplimiento del modelo de prevención, podrán ser asumidas directamente por el órgano de administración, siempre que cumplan los requisitos para poder presentar la cuenta de pérdidas y ganancias abreviada. Estos requisitos son que la entidad jurídica, durante dos ejercicios consecutivos,  a la fecha de cierre de cada uno de ellos, cumpla al menos con dos de las siguientes circunstancias:

  • Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros
  • Que el importe neto de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.
  • Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a

No obstante, las personas jurídicas únicamente podrán incurrir en algunos delitos como son, a modo de ejemplo:

  • delito de tráfico y trasplante ilegal de órganos humanos (art. 156 bis CP)
  • delito de trata de seres humanos (art. 177 bis CP)
  • delitos relativos a la prostitución y la corrupción de menores (arts. 187 a 189 CP)
  • delito de descubrimiento y revelación de secretos (art. 197 CP)
  • delitos de estafa (arts. 248 a 251 CP)
  • delitos de insolvencia punible (arts. 257 a 261 CP)
  • delito de daños informáticos (art. 264 CP)
  • delitos relativos a la propiedad intelectual e industrial, al mercado y a los consumidores (arts. 270 a 288 CP)
  • delito de blanqueo de capitales (art. 302 CP)
  • delitos contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social (arts. 305 a 310 CP)
  • delitos de tráfico ilegal o inmigración clandestina de personas (art. 318 bis CP)
  • delitos contra la ordenación del territorio y el urbanismo (art. 319 CP)
  • delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente (art. 325 CP)
  • delito de establecimiento de depósitos o vertederos tóxicos (art. 328 CP)
  • delito relativo a las radiaciones ionizantes (art. 343 CP)
  • delito de estragos (art. 348 CP)
  • delitos de tráfico de drogas (arts. 368 y 369 CP)
  • delito de falsificación de tarjetas de crédito y débito y cheques de viaje (art. 399 bis CP)
  • delitos de cohecho (arts. 419 a 427 CP)
  • delitos de tráfico de influencias (arts. 428 a 430 CP)
  • delito de corrupción en las transacciones comerciales internacionales (art. 445 CP)
  • delito de captación de fondos para el terrorismo (art. 576 bis CP)

Y las penas por los delitos serán:

  1.  Multa por cuotas o proporcional.
  2. Disolución de la persona jurídica. La disolución producirá la pérdida definitiva de su personalidad jurídica, así como la de su capacidad de actuar de cualquier modo en el tráfico jurídico, o llevar a cabo cualquier clase de actividad, aunque sea lícita.
  3. Suspensión de sus actividades por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  4. Clausura de sus locales y establecimientos por un plazo que no podrá exceder de cinco años.
  5. Prohibición de realizar en el futuro las actividades en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito. Esta prohibición podrá ser temporal o definitiva. Si fuere temporal, el plazo no podrá exceder de quince años.
  6. Inhabilitación para obtener subvenciones y ayudas públicas, para contratar con el sector público y para gozar de beneficios e incentivos fiscales o de la Seguridad Social, por un plazo que no podrá exceder de quince años.
  7. Intervención judicial para salvaguardar los derechos de los trabajadores o de los acreedores por el tiempo que se estime necesario, que no podrá exceder de cinco años.

El tiempo nos lleva a la confianza,  a la relajación y a la falta de vigilancia, circunstancias que son caldo de cultivo para no detectar posibles comisiones de acciones que en beneficio directo o indirecto para la persona jurídica  puedan ser constitutivas de delito.

En una época de tantos cambios, no podemos entender nuestro modelo de prevención como algo estático. El Corporate Compliance tiene que ser dinámico, adaptándose tanto a los cambios de nuestra sociedad  como a los de la entidad ya sean empresas, asociaciones…

En el caso de que la persona jurídica sea investigada como responsable penal de un delito,  deberá responder en un procedimiento judicial ante el tribunal y es en este momento donde se manifestará si cumplimos con el deber de vigilancia y prevención, o por lo tanto,  explicamos por qué no cumplimos.

Es cierto que una persona jurídica no puede ser encarcelada,  pero los daños en la imagen, credibilidad y, en definitiva, pérdida de reputación,  pueden ser de carácter irreversible.