¿Qué son las operaciones vinculadas? – Parte I

20 octubre, 2016 - 4 minutes read

Una de las cuestiones que genera más controversia en el ámbito fiscal son las denominadas Operaciones Vinculadas.

Una de las cuestiones que genera más controversia en el ámbito fiscal son las denominadas Operaciones Vinculadas.

Entendemos como tales las entregas de bienes o prestaciones de servicios realizadas por empresarios y/o profesionales en el ámbito de su actividad, con personas o entidades con las que mantienen un determinado grado de vinculación.

La problemática de las operaciones vinculadas abarca uno de los ámbitos fiscales más amplios dentro de las transacciones económicas, sea en el Impuesto de Sociedades, en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas,
el Impuesto de No Residentes, así como el Impuesto sobre el Valor Añadido.

La realización de operaciones entre partes vinculadas no se encuentra prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, si bien, el legislador busca aplicar una serie de cautelas para la correcta aplicación de los preceptos tributarios y que, de esta manera, la recaudación tributaria no salga perjudicada, asimismo, que los obligados tributarios mejor informados no encuentren alicientes en la defraudación fiscal, o en la realización de operaciones que tengan como única finalidad disminuir la base imponible y, por ende, la cuota tributaria que pueda resultar de la autoliquidación del
impuesto.

En este sentido, las reglas de valoración de dichas operaciones constituye el elemento de mayor importancia dentro del régimen tributario.

Para entender cuándo se produce una operación vinculada necesitamos acudir a la norma del tributo que vayamos a aplicar, en función de la naturaleza del hecho imponible realizado y de la personalidad característica del obligado tributario.

El marco paradigmático viene a establecerlo el artículo 18 de la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, con el siguiente tenor literal:

“2. Se considerarán personas o entidades vinculadas las siguientes:

  1. Una entidad y sus socios o partícipes.
  2. Una entidad y sus consejeros o administradores, salvo en lo correspondiente a la retribución por el ejercicio de sus funciones.
  3. Una entidad y los cónyuges o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado de los socios o partícipes, consejeros o administradores.
  4. Dos entidades que pertenezcan a un grupo.
  5. Una entidad y los consejeros o administradores de otra entidad, cuando ambas entidades pertenezcan a un grupo.
  6. Una entidad y otra entidad participada por la primera indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o de los fondos propios.
  7. Dos entidades en las cuales los mismos socios, partícipes o sus cónyuges, o personas unidas por relaciones de parentesco, en línea directa o colateral, por consanguinidad o afinidad hasta el tercer grado, participen, directa o indirectamente en, al menos, el 25 por ciento del capital social o los fondos propios.
  8. Una entidad residente en territorio español y sus establecimientos permanentes en el extranjero.

En los supuestos en los que la vinculación se defina en función de la relación de los socios o partícipes con la entidad, la participación deberá ser igual o superior al 25 por ciento. La mención a los administradores incluirá a los de derecho y a los de hecho.”